El Parlamento sueco (Riksdag) aprobó el pasado 11 de noviembre una reforma constitucional que incorpora el aborto como un derecho en su Constitución.
La medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2027, ha sido aprobada con todos los votos a favor de la Cámara, uniéndose así a la creciente lista de países europeos —a la estela de Francia—que eleva el asesinato de bebés en el vientre materno a rango constitucional.
Esta reforma, aprobada tras una segunda votación parlamentaria unánime, se introducirá en el llamado Regeringsformen (Instrumento de Gobierno), una de las cuatro leyes fundamentales que conforman la Constitución sueca.
En Suecia está permitido el aborto hasta la semana 18 sin necesidad de una causal. Pasado ese plazo, se necesita una autorización de la Junta Nacional de Salud y Bienestar.
Francia fue el primer país europeo en dar este paso. Desde marzo de 2024, el país galo reconoce el aborto en su Constitución.
Luxemburgo siguió sus pasos y aprobó definitivamente la reforma el pasado julio. Por su parte, este proceso también está en marcha en España, después de que el Gobierno aprobara en abril la reforma del artículo 43 de la Constitución. El Congreso permitió en abril de este año que continuara la tramitación, aunque todavía no se ha aprobado definitivamente.
El cardenal sueco Anders Arborelius, Obispo de Estocolmo, ha defendido en numerosas ocasiones la vida de los no nacidos y ha instado a los católicos a implicarse activamente en su protección.
En un comunicado publicado por la Diócesis de Estocolmo en 2024, el purpurado ya expresó su preocupación ante los intentos de incorporar el aborto a la Constitución sueca.
En su mensaje, exhortó a los católicos a “comprometerse verdaderamente, con palabras y obras, de distintas maneras, para intentar salvar la vida de los más vulnerables entre nosotros”.
“Mi esperanza es que muchos más creyentes quieran defender, de diferentes maneras, la inviolabilidad de la vida”, añadió.