La inseguridad en este país sudamericano sigue siendo alta incluso en los campamentos más consolidados: más del 60% de las viviendas aún carecen de agua potable o electricidad. Al mismo tiempo, la amenaza de desalojo va en aumento: al menos 447 de estos campamentos están expuestos a un posible desalojo, afectando a más de 43.500 familias.