Redacción Central, 20 Ene. 23 (ACI Prensa).-
Los obispos de República Dominicana hicieron un llamado al Congreso a aprobar el proyecto de ley del Código Penal, iniciativa que fracasó en los últimos años y que no permite tipificar varios delitos.
“Hacemos un llamado a los legisladores para que el Código se someta en esta legislatura extraordinaria y se debata en la próxima legislatura ordinaria”, escribieron los obispos el 18 de enero, en un comunicado.
“En estos momentos necesitamos aunar esfuerzos para dar señales claras de madurez democrática. Por eso, invitamos a toda la ciudadanía a apoyar esta oportuna iniciativa”, agregaron.
Los obispos señalaron que ven “con gran preocupación los hechos de violencia que atropellan notablemente la dignidad humana, haciendo difícil la tan necesaria convivencia, ya que los actos violentos siembran la desgracia y también la desconfianza entre todos”.
“Frente a esta dolorosa realidad, urge que el sistema judicial pueda contar con un Código Penal actualizado, para castigar ejemplarmente los delitos que corroen los cimientos de la sociedad”, precisaron.
El actual Código Penal de República Dominicana data de 1844 y desde hace varios años se ha buscado dotar al país de nuevas normas.
Sin embargo, uno de los últimos intentos para aprobarlo fracasó debido a falta de quórum en el Senado, y luego se debatió en una comisión parlamentaria desde cero.
En aquel proyecto de Código Penal se descartó incluir la despenalización del aborto por tres causales e incluía 70 nuevos crímenes y delitos que no contempla la normativa actual.
Solo entre el 2020 y el 2022, seis proyectos de Código Penal no avanzaron más allá de la Cámara de Representantes.
“Sabemos que nuestro Código Penal tiene ya mucho más de 20 años en un ir y venir, pasando de una a otra legislatura, sin que se haya logrado su aprobación”, lamentaron los prelados.
Los obispos dominicanos concluyeron recordando que un Código Penal es “uno de los principales instrumentos jurídicos con que cuenta un Estado para regular y proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos”.