Redacción Central, 14 Ago. 23 (ACI Prensa).-
Un tribunal de Hong Kong ha desestimado este martes parte de los cargos contra siete activistas acusados de haber organizado una de las mayores protestas a favor de la democracia en 2019, incluyendo al empresario de medios y activista católico Jimmy Lai.
Según informó Hong Kong Free Press, este 14 de agosto el Tribunal de Apelaciones absolvió parcialmente a los activistas, entre los que se encuentran Lai; Martin Lee, presidente fundador del Partido Demócrata; y cinco exlegisladores prodemocracia, incluida la abogada Margaret Ng.
Lai, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung y Cyd Ho cumplieron penas que oscilaron entre 8 y 18 meses. Mientras que Lee, apodado el “Padre de la Democracia” de la ciudad, junto a Ng y Albert Ho, recibieron libertad condicional.
Dos años atrás, sus condenas se interpretaron como un nuevo golpe al debilitado movimiento democrático en el territorio autónomo y antigua colonia británica. Esto sucedió en medio de una represión sin precedentes impuesta por las autoridades de Beijing y Hong Kong, lo que acentuó aún más la fragilidad de la causa democrática en la región.
Según lo comunicado por el juez Andrew Macrae, tanto él como sus colegas del Tribunal de Apelaciones llegaron a un acuerdo unánime para anular las condenas relacionadas con el cargo de organizar un mitin no autorizado. No obstante, se ha decidido mantener las condenas correspondientes por haber participado en el evento.
Los jueces que revisaron el caso señalaron que la parte demandante no logró presentar pruebas que demostraran que los siete activistas habían enviado instrucciones a sus seguidores.
Según las acusaciones, los activistas supuestamente habían orquestado un encuentro no autorizado el 18 de agosto de 2019 en el Victoria Park de Hong Kong.
La manifestación tenía como propósito protestar contra la violencia policial dirigida a los manifestantes prodemocracia que se oponían a un polémico proyecto de ley de extradición, ahora retirado, que habría permitido al Gobierno chino extraditar a sospechosos de delitos a China continental.
Aunque el proyecto de extradición fue desestimado, Beijing impuso la Ley de Seguridad Nacional en 2020, la cual criminaliza las libertades civiles, previamente protegidas, permitiendo el arresto de personas por supuesta sedición, subversión, terrorismo o colusión con fuerzas extranjeras con un mínimo de 10 años de cárcel, y la posibilidad de cadena perpetua.
En consecuencia, numerosos políticos y activistas a favor de la democracia enfrentan acusaciones bajo esta norma; algunos están en juicio o encarcelados, mientras que otros han huido de la ciudad para escapar de la represión.