Varias organizaciones eclesiales han manifestado su apoyo a la medida, entre ellas Cáritas, la Conferencia de Religiosos de España y el Departamento de Migración de la Conferencia Episcopal Española. En una declaración conjunta, las organizaciones católicas definieron la regularización como «una medida de responsabilidad política, ética y social», haciendo hincapié en la relación entre irregularidad administrativa y exclusión social.