Redacción Central, 15 Jun. 23 (ACI Prensa).-
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó bloquear las cuentas bancarias de varios sacerdotes en algunas diócesis de Nicaragua, según denunció la abogada e investigadora nicaragüense Martha Patricia Molina.
En declaraciones concedidas a ACI Prensa, la autora del informe “Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?” denunció que sacerdotes de diócesis como Granada, Jinotega, León, Matagalpa y Estelí le habían informado “acerca del bloqueo de sus cuentas bancarias” el miércoles 14 de junio.
“En un primer momento, algunos de ellos pensaron que el sistema estaba caído. Entonces, se dirigieron a la sucursal bancaria y les notificaron verbalmente, sin entregarles ninguna documentación, que sus cuentas estaban intervenidas”, detalló Molina este 15 de junio.
Para Molina “esto es una arbitrariedad más de la dictadura en contra de la Iglesia Católica nicaragüense” y “es algo que se va a generalizar a más sacerdotes e inclusive laicos”.
“Aunque no les hayan presentado cargos en el momento del congelamiento de sus cuentas, los presbíteros están siendo investigados y posiblemente en el futuro les imputen el delito de lavado de activos, que es lo que está investigando la policía en este momento”, aseguró.
El 27 de mayo la Policía Nacional de Nicaragua publicó un comunicado en el que acusó a la Iglesia Católica de varios delitos, como el lavado de dinero, cargo que no tendría sustento, según señalaron defensores de los derechos humanos.
Molina recordó que un día antes de esa acusación, la dictadura ordenó bloquear las cuentas bancarias de varias diócesis y de la Arquidiócesis de Managua, así como de escuelas parroquiales, casas de formación y parroquias.
En los últimos cinco años han ocurrido al menos 529 ataques de Ortega contra la Iglesia, y 90 de ellos fueron cometidos en lo que va del 2023, según el informe “Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?”.
Entre las agresiones, el documento detalla el encarcelamiento injusto del Obispo Rolando Álvarez desde el mes de febrero. También informa de 32 religiosas expulsadas del país, 7 edificios de la Iglesia confiscados por el régimen y diversos medios de comunicación cerrados.