, 31 Jul. 23 (ACI Prensa).-
El Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica ha emitido un documento en el que se desautoriza a los abogados del profesor José María Martínez, acusado de haber cometido abusos sobre un alumno en el Colegio Gaztelueta vinculado al Opus Dei.
Según ha publicado Martínez en su blog, el decreto vaticano deja de reconocer a sus abogados y rechaza las cuatro peticiones que había presentado.
Estas consistían en la recusación del juez, revocar el decreto de reapertura de la causa de la Sede Apostólica, la “petición de inhibición” del Papa Francisco en este caso y recibir la investigación previa.
A juicio del acusado, la comunicación vaticana “llega tarde y mal”. Tarde, porque el profesor tuvo conocimiento de ella con anterioridad por un periodista y mal, porque la comunicación estaba dirigida a la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei “que no es causa ni parte en este proceso. A mí, directamente, no me ha llegado”, detalla.
En septiembre de 2022, el Papa Francisco ordenó la realización de un nuevo juicio canónico contra José María Martínez, acusado de haber abusado entre 2009 y 2011 de un menor.
Tras un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo español redujo la sentencia de 11 a 2 años de prisión. Al ser su primera condena, y no superar los 24 meses, el acusado no tuvo que cumplir la pena en la cárcel.
Por otro lado, en el año 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe realizó una investigación que concluyó con la inocencia del profesor.
El caso ha tenido especial relevancia en España debido a dos circunstancias. La primera, que el padre del alumno que acusó a Martínez fue diputado nacional por el PSOE la pasada legislatura. La segunda, que el joven participó en el documental producido por Jordi Évole para Disney.
José María Martínez expresa además su “desasosiego” al conocer que el decreto está firmado por una sección de la Signatura Apostólica de la que forma parte el Arzobispo de Barcelona, Cardenal Juan José Omella.
El profesor afirma tener conocimientos de que el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) “desde el año 2015 ha escuchado y amparado a la acusación, a la familia Cuatrecasas”.
Martínez denuncia, además, que en su caso “se ha anulado el principio de irretroactividad de la ley penal”, despojándole “de un derecho que ni siquiera se conculca a un criminal de guerra”.
Además, detalla algunos aspectos formales y materiales del decreto que dice no comprender.
En primer lugar, que la comunicación “no esté firmada por tres jueces como debería ser” y que el Tribunal “asevere que el Romano Pontífice no puede ser recusado”, cuando, asegura, sus abogados no pedían tal cosa, sino que “solicitaban su inhibición”.
Sobre la no recusación del juez encargado del caso, el Obispo de Teruel-Albarracín, Mons. José Antonio Satué, el profesor Martínez considera que “perdió la imparcialidad” al escribirle una carta.
En ella le decía que “si, por las razones que fuesen, usted hubiera defendido su inocencia de manera incierta, contemple este procedimiento como una oportunidad para reconocer la verdad y pedir perdón”.
Entre otras cuestiones, Martínez también señala “el desmesurado empeño” del Cardenal Omella por llevar “por la vía canónica —reservada a sacerdotes y religiosos— a un laico” por un delito que “por muy execrable que fuera, ya está juzgado y cerrado en España”.
Además, critica que se le imponga un abogado de oficio —“no me quedará otro remedio que aceptar el que quieran”— y señala que “todo se disfraza de legalidad, pero es autoritarismo e imposición”.
José María Martínez concluye afirmando su inocencia y anuncia que responderá al decreto de la Signatura Apostólica.
Por último, avanza que llevará el caso “hasta la Corte Europea de Derechos Humanos si es necesario”.