, 17 Feb. 23 (ACI Prensa).-
La Conferencia Episcopal Española (CEE) rechaza las acusaciones del fiscal general del Estado, Álvaro García, de falta de colaboración en los casos de abusos y afirma que las denuncias “ya se han remitido a la Fiscalía en la forma prevista por la ley”.
El máximo responsable del Ministerio Público compareció este jueves en el Senado para dar cuenta de la Memoria Anual de la Fiscalía.
Durante su intervención, García se mostró crítico con la respuesta por parte de las diócesis y afirmó que se había recibido “escasísima información”.
En concreto, señaló que solo obtuvo respuesta de 29 de los 70 obispados españoles.
Rozando la medianoche del jueves al viernes, la CEE publicó un comunicado en el que se rechazan las acusaciones.
La CEE afirma que ya se enviaron “los relatos sobre denuncias de abusos recibidos por El País para que pudiera investigar los hechos denunciados por este periódico”.
El comunicado explica que la Fiscalía solicitó “información sobre las denuncias o testimonios recabados desde la oficina de asistencia a las víctimas”.
A este respecto, añaden: “A la vista de las funciones recogidas en el estatuto orgánico del ministerio fiscal, produce extrañeza esta solicitud».
Los obispos no abundan en la nota cuál es la causa concreta de esa sensación.
La CEE afirma además que las diócesis, “en la línea de lo reiterado por la Santa Sede en numerosas ocasiones, comunican a las fiscalías las denuncias de menores de edad” recabadas en las oficinas abiertas al efecto “en cuanto tienen conocimiento de ellas”.
Los prelados también subrayan que “las denuncias o testimonios recabados de menores en las oficinas ya se han remitido a la Fiscalía en la forma prevista por la ley”.
Por último, la CEE reitera «su disposición absoluta a colaborar» para esclarecer todos los casos y llama a los poderes del Estado a trabajar de forma conjunta en favor de las víctimas.
En febrero del pasado año, la CEE anunció la puesta en marcha de una auditoría independiente sobre las denuncias de abusos. Los resultados de estos trabajos aún no se han hecho públicos.
Por otro lado, la Iglesia Católica se puso en las mismas fechas a disposición de la Comisión de investigación sobre abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia impulsada por el Defensor del Pueblo.
En España existen más de 200 oficinas dedicadas a la protección de menores y prevención de abusos a cargo de las diócesis, congregaciones religiosas y movimientos laicales.