La Corte Suprema solicita al gobierno estatal una respuesta formal a la instancia presentada por la Conferencia Episcopal Católica de la India (CBCI), que impugna la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley de Rajastán de 2025 sobre la Prohibición de la Conversión Religiosa Ilícita. Según los prelados, la ley otorgaría a las autoridades administrativas poderes «excesivos y arbitrarios».