En una carta dirigida a los directivos y empleados de los centros sanitarios católicos, la Conferencia Episcopal les invitó a «abstenerse de comportamientos claramente ilícitos desde un punto de vista moral, en virtud de la dignidad de toda vida humana» y a prepararse a nivel institucional y legal para poder acogerse a la reserva expresada por el Consejo Constitucional, que les permite negarse a prestar «ayuda para morir».