La salida del sacerdote Antonio Jesús Martín de Lera de la vicaría general de Zamora, envuelta en silencio desde mayo de 2025, ha adquirido ahora una dimensión judicial. La diócesis confirmó que el sacerdote está sometido a un proceso canónico por posibles irregularidades económico-administrativas vinculadas al ejercicio de sus responsabilidades eclesiales.
El Obispo de Zamora, Mons. Fernando Valera nombró al presbítero vicario general de la diócesis en julio de 2024 por un periodo de tres años. Sin embargo, menos de un año después, en mayo de 2025, presentó su dimisión, sin que trascendieran las razones.
Mons. Valera expresó entonces, en un comunicado, su reconocimiento al P. Martín “por este tiempo de dedicación, entrega y servicio generoso a la Iglesia diocesana en el ejercicio de su ministerio pastoral. Su labor en la coordinación y en el acompañamiento de las diversas realidades eclesiales de nuestra diócesis ha sido notable”.
“Posibles irregularidades de carácter económico-administrativo”
Pasados unos meses desde entonces, y a raíz de varias informaciones periodísticas, la Diócesis de Zamora confirmó que impulsó un procedimiento canónico “tras tener conocimiento de posibles irregularidades de carácter económico-administrativo y relacionadas con el ejercicio de responsabilidades eclesiales”.
Tras la fase previa, y apreciando “elementos suficientes para que los hechos fueran examinados en sede judicial”, las actuaciones siguieron su curso, quedando constituido en enero de 2026 “el Tribunal Colegial encargado de conocer el correspondiente proceso penal judicial ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, con sede en Madrid”.
El Obispado de Zamora especificó además que “el procedimiento continúa en curso y todavía no se ha dictado una resolución definitiva sobre los hechos examinados”, por lo que la diócesis “subraya su pleno respeto a la presunción de inocencia de la persona sometida al procedimiento y a todas las garantías que le reconoce el ordenamiento jurídico de la Iglesia”.
Por último, la Diócesis de Zamora manifiesta su confianza “en la actuación del Tribunal y respetará la resolución que corresponda” y declina hacer más valoraciones al respecto mientras el procedimiento siga abierto.
Nacido en Zamora en 1963, Antonio Jesús Martín de Lera desempeñó diversos cargos pastorales antes de acceder a la vicaría general de la diócesis, entre otros, el de delegado episcopal de Cáritas autonómica de Castilla y León.
“Debilidades de control interno” y “niveles de riesgo alto”
La Diócesis de Zamora cuenta con un elenco de normas de buenas prácticas administrativas destinado a “la detección y eliminación de riesgos de distinta naturaleza, para el desarrollo de un comportamiento ético en todas las decisiones, para mejora de la gestión y para un mayor compromiso social con todos los agentes que interactúan con la diócesis”.
Así, en su Portal de Transparencia se puede acceder al Manual de inversiones financieras, la Guía de prevención de blanqueo de capitales y al Reglamento de la Comisión de Obras y Política.
Asimismo, está disponible un informe elaborado por la auditora KPMG sobre el Sistema de Control Interno de la diócesis en septiembre de 2024, que concluía que se daba una “evolución positiva de la gestión económica” y una “posición financiera saneada”, así como un “alto grado de compromiso y predisposición para avanzar en el desarrollo del control interno por parte de la administración diocesana en pro de la transparencia y mejora continua”.
Como nota negativa, el informe apunta como “debilidades de control interno” que en esa fecha, dos meses después de llegar el ex vicario general al cargo, la diócesis no disponía de “manuales de procedimientos en los que se describan las tareas relacionadas con los procesos clave, así como las medidas de control asociadas que pueden mitigar la materialización de determinados riesgos, tales como falta de integridad, exactitud, incorrecta valoración o desglose. Esto puede provocar, entre otros, errores o incidencias que no soporten adecuadamente la toma de decisiones, falta de trazabilidad y contraste sobre la información empleada o una operativa poco eficiente”.
El informe de la consultora subrayaba, como recomendación de prioridad “muy alta”, la necesidad de “elaborar manuales de procedimientos asociados a los principales procesos económico-financieros y administrativos”.
Asimismo, el informe apreció niveles de riesgo altos en los procesos relativos a bienes inmuebles, inversiones y pasivos financieros, tesorería, subvenciones, donativos y legados, y compras y acreedores.