, 15 May. 23 (ACI Prensa).-
Luego de la investigación publicada por el periódico español El País, sobre los abusos cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas en Bolivia, han aparecido nuevas acusaciones contra otros presbíteros, y tanto la Compañía de Jesús como el gobierno boliviano vienen tomando medidas al respecto.
En la última semana, se presentaron ante el Ministerio Público de Bolivia dos denuncias por abuso y violación contra el jesuita Luis María Roma Padrosa y Mons. Alejandro Mestre, quien también había pertenecido a la Compañía.
Ambas denuncias fueron presentadas por el ex provincial jesuita Osvaldo Chirveches. “Son dos casos que ya habíamos investigado, ya recibimos la respuesta de la Curia General y ya publicamos los resultados”, explicó Chirveches. El paso siguiente es que la Fiscalía trabaje a partir del material de esas investigaciones.
Mons. Alejandro Mestre, ya fallecido en 1988, fue secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en la década de 1980, también Obispo Auxiliar de Sucre (1976-1982) y luego Arzobispo Coadjutor de La Paz (1986-1987). En cuanto al sacerdote Luis María Roma Padrosa, su caso salió a la luz en 2019, a partir de una investigación de la Agencia EFE.
Aunque no se conoce el número de víctimas, se sabe que el P. Roma Padrosa fue acusado de abusar de menores de entre 7 y 12 años en la localidad de Charagua, en el oriente boliviano. La denuncia se respaldó en registros fotográficos que eran propiedad del sacerdote.
Según lo consignado por el portal Página Siete, el caso tardó cuatro años en ser denunciado ante el Ministerio Público. De acuerdo a lo que indica dicho medio, “ni la Iglesia ni el Estado impulsaron una investigación pública o un proceso judicial”.
La versión de los jesuitas
Los jesuitas en Bolivia emitieron este domingo un comunicado en el que detallan el camino que siguió el caso del P. Roma Padrosa desde la denuncia hecha en febrero de 2019 por un periodista de la Agencia EFE.
La Compañía de Jesús indicó que luego de recibir el material fotográfico —ahora en manos del Ministerio Público— se inició una investigación previa, se conformó una Comisión Investigadora y se determinó la suspensión del acusado del ejercicio público del ministerio sacerdotal y el alejamiento de todo contacto con menores.
La Comisión Investigadora realizó entrevistas, inspecciones, revisión de documentos y evaluación psiquiátrica. También dispuso un espacio de escucha a posibles denuncias de víctimas, pero no se recibió ninguna.
Finalizada la investigación, el informe final fue enviado, junto a toda la documentación, a la Curia General de la Compañía de Jesús en Roma para su estudio y consulta con la Congregación (hoy Dicasterio) para la Doctrina de la Fe.
En septiembre de 2022, se determinó la verosimilitud de las acusaciones.
A la fecha, explicaron los jesuitas, no se han recibido denuncias o testimonios de víctimas, por lo que reiteraron la invitación a quienes tengan información sobre el caso, a presentar la denuncia al Ministerio Público.
También se mostraron dispuestos a atender a las víctimas y realizar el acompañamiento necesario.
El papel del Estado boliviano
En una rueda de prensa, el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, reconoció que se han recibido ocho denuncias. A los nombres de Alfonso Pedrajas, Luis María Roma y Alejandro Mestre, le sumó el del P. Antonio Gausset.
El fiscal informó que en todos los casos se tratan de acusaciones de abuso sexual, y se mostró preocupado por la “desidia que ha tenido esta organización católica de no haber oportunamente denunciado estos hechos” y de dar protección a los acusados.
Por su parte, el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez, consideró que “es un deber con la historia y con las víctimas” indagar sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos y el “encubrimiento sistemático”.
En los últimos días, la Procuraduría General de Bolivia solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de España para avanzar en la investigación. Esto se debe a que en Bolivia los delitos no han prescrito, y “la Corte Interamericana ha determinado que, en estos casos, la violación se asimila a delitos de lesa humanidad”.
Lo que se busca con esta colaboración es poder disponer del material de investigación obtenido por El País a través del sobrino del acusado, e incluso el propio documento de memorias donde el sacerdote reconocía los abusos.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó los hechos, pidió “castigar severamente” los casos de pederastia en la Orden jesuita e instó a “todas las instancias llamadas por ley a investigar”.
Luego de la investigación sobre el P. Pedrajas publicada por El País, el medio recibió el testimonio de una víctima, que relató que los abusos sexuales también involucraban a los sacerdotes Francesc Peris y Carlos Villamil, ambos jesuitas de la comunidad del Colegio Juan XXIII de Cochabamba. Sin embargo, todavía no se han registrado denuncias ante el Ministerio Público.
Promueven ley contra la impunidad en delitos sexuales a menores
La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, informó este domingo sobre un anteproyecto de ley para luchar contra la impunidad en delitos sexuales a infantes, niños, niñas y adolescentes.
Entre sus puntos, el proyecto determina que este tipo de delitos no prescriban y plantea la conformación de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de pederastia y sancionar a los responsables.
Junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia también trabaja en una norma para evitar que religiosos denunciados por abuso o violación ingresen a Bolivia, anticipó Prada.