, 07 Mar. 23 (ACI Prensa).-
Con el título “Rompamos el silencio que mata”, los equipos de pastoral de Barrios Populares y de Drogadependencia de la Arquidiócesis de Rosario (Argentina) se refirieron a la escalada de violencia, vinculada al narcotráfico, que se da en la ciudad y que ya se ha cobrado 65 vidas en lo que va de 2023.
En su comunicado, las pastorales expresaron su tristeza por la situación y apuntaron contra las políticas que “maquillan a Rosario” en cada nueva gestión, mientras los barrios más pobres viven el abandono.
Los rosarinos que quieren progresar “se ven obligados a migrar no solo hacia el exterior del país, sino también hacia las ciudades y pueblos vecinos en busca de una vida más segura”, expusieron.
En ese marco, animaron a la clase política a “salir de la grieta de los relatos y unirse para hacer de nuestros barrios un lugar donde todos podamos vivir con dignidad”. Para ello, los instaron a abandonar la violencia discursiva y erradicar de sus filas “a quienes por acción u omisión son cómplices de una corrupción que mata”.
También denunciaron un incipiente “para-Estado” que se consolida “en su estructura de poder y financiera, ofreciendo armas, abogados, protección y muchos otros recursos”.
Ante este escenario, consideraron necesario “un gran acuerdo social y político”. De lo contrario, cualquier posible solución “es sólo un espejismo de campaña”, afirmaron, convocando a un compromiso de todos en la búsqueda de soluciones.
Para ello, propusieron poner en marcha programas de contención comunitaria
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios vulnerables, que incluyan su participación en el sistema escolar, la capacitación en oficios, la inserción en el deporte y el arte.
También advirtieron sobre el “vacío institucional” que ocurre en verano y fines de semana por ausencia del Estado, lo que provoca la aparición de alternativas que ofrecen “dinero fácil, violencia y muerte”.
Reclamaron igualmente el apoyo a los clubes de barrio, donde los niños puedan desarrollarse; y un sistema de salud con perspectiva de adicciones, que contenga y acompañe a quienes sufren situaciones de consumo.
Al mismo tiempo observaron que existe una “invisibilización” de la crisis provocada por el consumo de sustancias con “alto poder adictivo”, que además generan “grave deterioro neurológico y cognitivo al punto de convertirse en padecimientos crónicos”.
Por otro lado, propusieron mayor inversión educativa en los barrios donde los índices de muerte y violencia son elevados. Allí, aconsejaron crear “nuevas escuelas con jornadas extendidas de 8 horas, que puedan generar un desarrollo integral para las niñas, niños y adolescentes”.
No menos enérgico fue su reclamo de agilidad al Poder Legislativo para crear normas que permitan fundar nuevos dispositivos con el objetivo de acompañar y contener a niños, niñas, adolescentes y adultos, casas de atención a salud mental, residencias para mujeres víctimas de violencia y/o adicciones, y refugios para personas de la calle.
Por otra parte, denunciaron un “progresismo desencarnado” por el que el Estado vive en un “permanente proceso de implementación de leyes, que nunca llegan a plasmarse» por ser “inalcanzables” y “terminan siendo herramientas de expulsión».
Los equipos de pastoral llamaron entonces a “salir del silencio hipócrita y acrítico que no problematiza los consumos”.
En ese silencio ubicaron el papel del Estado, que “lleva 25 años sin realizar campañas de prevención a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en el sistema de educación y de salud”.
También denunciaron el silencio del sistema financiero, de los observatorios estatales y de las universidades, que no generan datos sobre el consumo y sus consecuencias.
A ellos se suma el silencio de la academia, que no capacita a los profesionales para enfrentar la problemática, y de la Justicia, por no fortalecer sus estructuras para mejorar las investigaciones sobre corrupción.
En esa línea, consideraron que la detención de “unos pocos poderosos” podría prevenir “que miles de pobres terminen llenando las cárceles, los hospitales y los cementerios”.
Finalmente, señalaron que “silenciamos como sociedad cuando no hablamos en familia de lo que nos pasa, acerca de los consumos, sobre cómo prevenir el abuso de psicofármacos y el uso de alcohol en los menores”.
“En los momentos críticos de la historia, Dios siempre ha llamado a la humanidad a un cambio que solo se puede dar desde lo profundo del corazón para que luego impregne las estructuras”, aseguraron.
Por eso, imploraron a la Virgen del Rosario, quien «como tantas madres, vio morir a su Hijo injustamente», que interceda, proteja y bendiga con la paz a la ciudad.
En Rosario, la violencia vinculada al narcotráfico ha venido en crecimiento durante los últimos años, y solo en 2023 ya son 65 los crímenes cometidos, en su mayoría de forma planificada.
En los últimos días, la situación cobró visibilidad en los medios nacionales tras el ataque a balazos a uno de los supermercados propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista Lionel Messi. Tras el episodio, se encontró en el lugar una nota con amenazas dirigidas al deportista.