, 09 Feb. 23 (ACI Prensa).-
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) , rodeado de polémica por la falta de imparcialidad en este caso de algunos de sus miembros, ha decidido desestimar el recurso contra la ley del aborto aprobada en 2010.
Según ha informado el TC, esta mañana ha concluido “la deliberación de la ponencia presentada por el magistrado Enrique Arnaldo sobre el recurso de inconstitucionalidad».
Éste fue «promovido por el PP contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.
Los miembros del tribunal no han respaldado la propuesta de Arnaldo, que recogía la no adecuación constitucional de algunos de los preceptos de la ley.
En concreto, los referidos a la falta de garantías sobre el consentimiento informado de la mujer o sobre la objeción de conciencia del personal sanitario.
Según informa el TC, el magistrado Arnaldo “ha declinado la redacción de una nueva sentencia de acuerdo con los argumentos de la mayoría”. En consecuencia, el presidente Cándido Conde-Pumpido ha designado a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán para que redacte la resolución.
En ella se reflejarán los argumentos para que se haya desestimado el recurso.
Sombra de parcialidad
La decisión ha estado envuelta en la polémica dado que al menos 4 de los actuales 11 miembros del Tribunal Constitucional estarían afectados por las causas de abstención o recusación por falta de imparcialidad, al haber intervenido en el proceso legislativo.
De hecho, la magistrada Concepción Espejel presentó su abstención al haber firmado un informe referido a la citada ley cuando era miembro del Consejo General del Poder Judicial. El pleno del TC rechazó su pretensión y la ha obligado a participar de la deliberación.
En la misma situación se encuentra la vicepresidenta Montalbán, pues era miembro del CGPJ en las mismas fechas.
Por su parte, el magistrado Juan Carlos Campo fue secretario de Estado de Justicia cuando el Gobierno de josé Luis Rodríguez Zapatero impulsó la ley.
Cándido Conde Pumpido era el fiscal general del Estado nombrado por Zapatero y firmó el preceptivo informe respecto de la ley en cuestión.
De haberse apartado o admitido las peticiones de recusación, que fueron rechazadas en los días previos, el TC no hubiera tenido quórum suficiente para abordar el recurso.