Comisario Pontificio establece drásticas medidas para el Instituto del Verbo Encarnado

, 25 Abr. 23 (ACI Prensa).-
El Comisario Pontificio del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), Cardenal Santos Abril y Castelló, ha enviado una carta a sus miembros en la que les expresa “algunas inquietudes” importantes y establece una serie de medidas.

La misiva del 19 de abril llegó a los integrantes del IVE cuatro días antes del fallecimiento del fundador del Instituto, el P. Carlos Miguel Buela, ocurrido el domingo 23.

El sacerdote, fundador también del Instituto Siervas del Señor y de la Virgen de Matará, fue acusado en 2010 de abusos sexuales y de poder contra miembros de la institución, por lo que fue separado de cualquier tarea de gobierno y enviado a un monasterio.

El Cardenal Santos Abril recuerda en su carta que el 25 de marzo de 2013, el Papa Francisco había confirmado las prohibiciones impuestas por el Papa Benedicto XVI, para que el ahora fallecido P. Buela no tenga injerencia en el gobierno y la marcha del Instituto.

Con unos 40 años de trayectoria, el IVE y el instituto femenino se encuentran en misión en los cinco continentes, en 93 jurisdicciones eclesiásticas de 44 países, donde cuentan con casi 3.000 religiosos, distribuidos en las ramas apostólica y monástica.

Sirven en distintos lugares donde los cristianos son minoría o en donde la coyuntura es complicada, como Palestina, Irak y Ucrania.

Vida comunitaria

En la carta, el Cardenal destaca la importancia de la vida comunitaria y señala: “Los datos que los Superiores Provinciales nos han enviado, muestran la existencia de numerosos presencias, unas 70, que difícilmente se las puede llamar comunidades, con apenas uno o dos religiosos”, y que hay otras presencias que “ni siquiera están canónicamente erigidas”, contraviniendo lo que establece el Código de Derecho Canónico (cc. 608-611).

“Esta situación afecta seriamente a la vida del Instituto”, señala el Purpurado de 87 años, quien hace notar que según el numeral 353 de las Constituciones del IVE es imprescindible tener, al menos, tres miembros en las comunidades.

La carta destaca asimismo que cuando en el numeral 354 de las Constituciones “se afirma que en cada comunidad local habrá un sacerdote (superior local) asistido, salvo que no sea posible, por un Consejo con cuatro miembros, se está pensando que lo normal serían comunidades de al menos 5 religiosos”.

Las comunidades con pocos religiosos, prosiguió el Cardenal español, “se ven gravemente afectadas en la calidad de su vida fraterna en común, cuando no imposibilitadas para vivir esta dimensión comunitaria: se multiplican las actividades, hay sobrecarga de trabajos, de responsabilidades”, lo que va “afectando la situación personal y vocacional de los religiosos”.

El Purpurado español indica también que, con la “información todavía incompleta, casi 275 religiosos, la mayoría sacerdotes, han abandonado el Instituto: 125 reducciones al estado laical, 52 incardinaciones en diferentes diócesis, 5 procesos en (el Dicasterio para la) Doctrina de la Fe, 11 expulsiones y casi 50 exclaustraciones simples”.

“Además, más de 30 dispensas de votos temporales y perpetuos concedidos solamente en los cuatro años de este último Comisariamiento”.

Ante esta situación, el Cardenal pide a los Consejos provinciales que inicien “un proceso de revisión y recalificación” para tener al menos tres religiosos de votos perpetuos en cada comunidad.

El resultado del proceso deberá presentarse al Comisario antes del 31 de agosto.

Tres prohibiciones

En medio de distintas medidas relativas a la vida del instituto para su buena marcha, el Cardenal Santos Abril establece como primera prohibición que no se hagan nuevas fundaciones o pre-fundaciones.

Asimismo se indica que las fundaciones en proceso o llevadas a cabo desde el 29 de junio de 2019 “deberán ser suprimidas, por haberse realizado en contra de lo que establecen las Constituciones 322: la necesaria aprobación del Comisario Pontificio con su Consejo”.

Una segunda prohibición es la imposibilidad de hacer traslados, sin permiso escrito del Comisario, de novicios o religiosos fuera de sus provincias de origen.

Esto se debe a que en los últimos cuatro años, “todos los traslados se han realizado de forma ilegal, contra las normas del Instituto”.

La tercera prohibición se refiere a no permitir el paso de religiosos de la vida apostólica a la vida monástica, y viceversa.

En el plan de revisión para los monasterios, que deberá presentarse también antes del 31 de agosto, el Cardenal recuerda que, de acuerdo a la legislación vigente, para establecer nuevas fundaciones de vida contemplativa se requieren “cinco religiosos profesos, al menos tres de votos perpetuos”, y que “para la erección canónica deberá haber al menos 8 religiosos de votos perpetuos”.

El Cardenal lamenta respecto a los traslados, que ha tomado conocimiento de ellos “siempre como cosa pasada, y gracias a la información enviada por algún religioso, nunca por los Provinciales”.

Por ello recordó “a los Superiores Provinciales su voto de obediencia y la obligación que tienen de respetar y cumplir, ellos en primer lugar, las normas de las Constituciones y Directorios”.

En ese sentido, los Provinciales deberán informar siempre al Comisario de los movimientos de sacerdotes dentro de la provincia y cuando asuman nuevos apostolados.

Llamado de atención

El Cardenal español refiere luego que lo señalado en la carta “manifiesta que después de 30 años de intervenciones de la Santa Sede y siendo el cuarto Comisario Pontificio, las cosas poco han cambiado”.

El Purpurado lamenta que en marzo se realizó, sin su conocimiento ni permiso, un encuentro con el P. Buela en Acilia (Italia), “un hecho realmente grave” por las restricciones que pesaban sobre él y porque se trató “de una casa que está bajo mi directa jurisdicción en cuanto Comisario Pontificio”, por lo que alienta a los miembros del Instituto a ser obedientes.

Para concluir, el Comisario resalta que todo esto lo hace con la mejor intención, para seguir “trabajando por el bien del IVE y de la Iglesia”.

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